“Antes, la legislación nicaragüense permitía que se practicara el aborto a mujeres y niñas cuya vida o cuya salud peligrara con el embarazo y, en algunos casos, a supervivientes de violación.”

Amnistía Internacional recoge firmas para exigir a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, que:

“Reforme el Código Penal para asegurarse de que en ningún caso se impondrán sanciones penales a las mujeres o a las niñas por solicitar o someterse a un aborto, así como tampoco a los profesionales de la salud que practiquen abortos seguros.”